Los ataques de ciberseguridad no son un problema de grandes corporaciones ni de países lejanos. En 2024, Chile sufrió 27.600 millones de intentos de ciberataques, casi cinco veces más que el año anterior, según el reporte de FortiGuard Labs. El cibercrimen organizado creció un 30% en la región (Entel Digital CCI, 2025). Y el 55% de las empresas chilenas reportó haber sido víctima de ransomware ese mismo año.

Los números son contundentes. Pero también lo son las soluciones. Esta edición analiza los cuatro tipos de ataque más comunes, su impacto real y qué medidas — incluyendo el cumplimiento de la Ley 21.719 — reducen de forma concreta la exposición al riesgo.

El phishing sigue siendo el vector de ataque más prevalente a nivel global. Un correo que imita a un banco, un proveedor o un servicio gubernamental — hoy potenciado por IA generativa que elimina los errores ortográficos que antes los delataban — es suficiente para comprometer credenciales y abrir la puerta a ataques mayores.

En Chile, el phishing y el malware en documentos de Microsoft Office son las técnicas más utilizadas por los cibercriminales, según Fortinet. El correo electrónico sigue siendo el principal vector de entrada.

El malware moderno no se instala con un click obvio — llega embebido en documentos adjuntos legítimos, en actualizaciones falsas o a través de conexiones a redes comprometidas. Una vez dentro, puede permanecer inactivo por semanas antes de activarse.

El informe de Sophos 2025 indica que el tiempo mediano entre la intrusión inicial y la ejecución del malware bajó a 5 días — los atacantes han acelerado el ciclo para reducir el tiempo de detección. Las herramientas de IA generativa como FraudGPT y BlackmailerV3 están impulsando campañas más escalables y difíciles de detectar.

El ransomware es hoy la principal amenaza en Latinoamérica, representando el 38% de todos los ciberataques registrados en la región en 2024, según el Centro de Ciberinteligencia de Entel Digital. Chile concentra el 7% de los incidentes regionales. Los sectores más afectados en el país son manufactura (17%), servicios empresariales (11%), construcción (9%) y comercio minorista (9%).

El modelo de doble extorsión — cifrar los datos y amenazar con publicarlos — se ha consolidado: el 90% de las víctimas enfrentaron amenazas de exposición pública de datos robados. Pagar el rescate no garantiza nada: el 60% de quienes pagaron fueron atacados nuevamente.

La suplantación de identidad — ya sea de personas, marcas o instituciones — es el mecanismo detrás de la mayoría de los ataques exitosos. Un atacante que obtiene las credenciales de un ejecutivo puede operar dentro de los sistemas durante meses sin ser detectado.

Las brechas que involucran credenciales robadas son las más lentas de detectar: 292 días en promedio, según IBM. Ese tiempo es suficiente para exfiltrar bases de datos completas, modificar registros y cubrir las huellas antes de que alguien lo note.

Los datos no solo muestran el problema — también confirman que las medidas funcionan. Las organizaciones que implementan programas de seguridad estructurados reducen de forma medible su exposición y el costo de los incidentes.

La Ley 21.719 no es solo una ley de privacidad. Es también una ley que obliga a las organizaciones a tener controles de seguridad proporcionales al riesgo — lo que en la práctica se alinea directamente con las mejores prácticas de ciberseguridad.